El Gobierno somete a consulta pública el Anteproyecto de Ley de publicidad del sector público

El Consejo de Ministros ha abordado el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una norma que el Gobierno ha sometido a trámite de audiencia e información pública a través del portal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con el objetivo de recabar aportaciones de ciudadanos, organizaciones y sectores afectados antes de su aprobación definitiva. Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende adaptar la legislación española al reglamento europeo vigente y sustituir la actual Ley de Publicidad Institucional en vigor desde 2005.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que la actualización responde a los cambios experimentados por el mercado publicitario tras la irrupción de las plataformas digitales, que compiten con los medios de comunicación tradicionales.

Según ha explicado, la publicidad institucional cumple una función esencial de información a la ciudadanía, pero no debe convertirse en un mecanismo de compra de medios. En este sentido, la futura ley persigue dos objetivos principales: garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a campañas institucionales y asegurar la independencia económica real de los medios de comunicación.

Principales novedades de la futura norma

El anteproyecto regula la publicidad del sector público tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales. Estas últimas deberán inscribirse en un registro público de medios si desean recibir publicidad institucional.

Entre las medidas previstas, se establece que un mismo medio o plataforma no podrá superar el 35% de ingresos procedentes de publicidad pública respecto a su cifra anual de negocio o a la del grupo empresarial al que pertenezca. López ha precisado que este límite incluye la suma de inversiones procedentes de todas las administraciones públicas.

La limitación no se aplicará a medios o plataformas con una facturación inferior a dos millones de euros y cuya audiencia se concentre al menos en un 70% en un ámbito territorial de hasta tres comunidades autónomas limítrofes. El ministro ha defendido esta excepción como una cláusula destinada a proteger el ecosistema de medios locales, que considera especialmente sólido en España.

La nueva regulación también prevé un sistema transparente de medición de audiencias alineado con la normativa europea. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) realizará el seguimiento de la asignación del gasto publicitario y supervisará la transparencia en las tarifas aplicadas por los medios.

Asimismo, el Gobierno deberá publicar anualmente el destino de su inversión publicitaria, obligación que se extenderá al conjunto de las administraciones públicas mediante la presentación de un informe anual ante las Cortes.

Consulta el anteproyecto de Ley aquí y el portal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aquí.