La libertad de prensa en España cerró 2025 marcada por un conjunto de tensiones estructurales que afectan al ejercicio del periodismo y a la calidad del debate democrático. Así lo concluye el informe “La libertad de información en España. Balance 2025”, elaborado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) a partir de su seguimiento anual y del análisis de fuentes europeas e internacionales especializadas. El balance constata que, aunque España mantiene un marco democrático formal y no registra censura directa, durante 2025 se consolidaron dinámicas de presión acumulativa —agresiones y acoso a periodistas, inseguridad jurídica, opacidad institucional y reformas normativas controvertidas— que reducen el espacio efectivo para el ejercicio libre del derecho a la información.
“El problema no es un retroceso abrupto, sino un desgaste progresivo. Cuando informar implica asumir riesgos personales, legales o económicos desproporcionados, la libertad de prensa se vacía de contenido sin necesidad de censura explícita”, señala el informe.
A lo largo de 2025 se registraron agresiones físicas, amenazas graves y campañas de acoso digital contra periodistas, especialmente en contextos de alta polarización política. El informe documenta ataques durante la cobertura de manifestaciones, amenazas de muerte y episodios de intimidación, tanto desde actores privados como desde cargos públicos.
Uno de los hitos más graves del año fue la imputación de varios periodistas por informar sobre un asunto de alto interés público, un hecho comunicado por la PDLI a la Comisión Europea y recogido en el Informe sobre el Estado de Derecho 2025. El estudio advierte de que este tipo de actuaciones supone un riesgo claro de criminalización del ejercicio periodístico, con un marcado efecto disuasorio sobre la investigación informativa y la publicación de informaciones sensibles.
Restricciones indirectas y opacidad informativa
El informe señala también el aumento de comparecencias institucionales sin turno de preguntas, los retrasos reiterados en el acceso a información pública y la ausencia de avances en la reforma del régimen de secretos oficiales, uno de los más restrictivos del entorno
europeo.
Estas prácticas, aunque no constituyen censura formal, configuran formas de restricción indirecta o de baja intensidad que debilitan la rendición de cuentas, limitan el contraste informativo y afectan negativamente al pluralismo, al convertir la comunicación pública en un flujo unidireccional controlado por las instituciones.
El Balance 2025 de la PDLI dedica un análisis específico a las reformas y proyectos normativos que marcaron el debate legislativo durante el año y que tienen un impacto directo sobre la libertad de prensa y el secreto profesional. Entre ellos, el informe examina:
• el Anteproyecto de Ley de Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de Ministros en 2025 y pendiente de tramitación parlamentaria al cierre del año. El informe recoge las advertencias de organizaciones profesionales y de la propia PDLI, que reclaman garantías reforzadas de control judicial previo, proporcionalidad y protección del secreto profesional, para evitar que los nuevos poderes administrativos sobre contenidos y medios se traduzcan en restricciones indirectas a la libertad de información;
• la reforma del derecho de rectificación en el entorno digital, cuyo debate se intensificó en 2025 tras su impulso normativo a finales de 2024. La ampliación de las obligaciones de rectificación a actores digitales con gran capacidad de influencia plantea interrogantes sobre seguridad jurídica y posibles efectos disuasorios, especialmente para medios digitales e independientes;
• el anteproyecto de Ley Orgánica del Secreto Profesional de los periodistas, que, pese a desarrollar por primera vez este derecho, presenta —según el Consejo General del Poder Judicial y la PDLI— excepciones amplias e imprecisas que podrían ofrecer una protección inferior a la actualmente existente;
• y el proyecto de Ley de Información Clasificada, que mantiene plazos de clasificación muy prolongados y carece de mecanismos de control suficientemente robustos, lo que dificulta el acceso a documentos de interés público y la labor del periodismo de investigación.
El informe subraya que, si bien estas reformas persiguen objetivos legítimos —como combatir la desinformación, reforzar la transparencia o adaptar el marco jurídico a la normativa europea—, el contenido final de las normas y su aplicación práctica serán determinantes para preservar el pluralismo informativo y las garantías del derecho a la información.
De cara a 2026, el informe identifica varios factores clave que marcarán la evolución de la libertad de prensa en España:
• la tramitación y aprobación de reformas pendientes en materia de servicios digitales, secreto profesional, información clasificada, medios públicos y derecho de rectificación;
• la aplicación efectiva del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA) y del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que reforzarán el papel de los reguladores nacionales y exigirán mayores garantías de independencia;
• la transposición de la Directiva europea contra las demandas abusivas (anti-SLAPP), destinada a frenar el uso de acciones judiciales intimidatorias contra periodistas y medios;
• la evolución del acceso a la información pública y de la transparencia institucional;
• el aumento del acoso digital y la polarización política, que seguirá condicionando la seguridad y las condiciones de trabajo de los periodistas;
• y la garantía del pluralismo y la independencia de los medios públicos, especialmente en el contexto de las reformas recientes.
El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al legislador y a las instituciones públicas, entre ellas:
• reforzar de forma efectiva el secreto profesional y limitar estrictamente sus excepciones;
• garantizar que la ley de información clasificada incorpore plazos razonables y mecanismos independientes de revisión;
• evitar el uso discrecional de sanciones o acreditaciones que puedan restringir el acceso de medios al Parlamento;
• asegurar que la regulación del entorno digital respete plenamente la libertad de información y el control judicial;
• y proteger de manera activa a los periodistas frente a agresiones, acoso y presiones judiciales.
El informe concluye que 2026 será un año decisivo para determinar si España refuerza las garantías de la libertad de información o consolida un escenario de presión estructural que debilite el papel de la prensa como pilar del Estado de derecho.
El informe completo “La libertad de información en España. Balance 2025” está disponible para su consulta y difusión en la web de la PDLI y en este enlace.
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