El Gobierno reforma la ley del derecho de rectificación y actualiza la protección del honor

El Gobierno ha dado un nuevo impulso al marco legal de protección de los derechos informativos con la aprobación del proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación y el análisis del anteproyecto de reforma de la ley de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes el proyecto de ley sobre el derecho de rectificación, actualmente vigente desde 1984, con el objetivo de adaptarlo al entorno digital, reforzar su eficacia y agilizar los procedimientos judiciales. Según explicó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ambas iniciativas forman parte del Plan de Acción por la Democracia aprobado en septiembre de 2024, del que ya se ha ejecutado el 70 % de las medidas previstas.

La nueva norma permitirá a cualquier ciudadano solicitar la rectificación de informaciones inexactas o falsas que le afecten, difundidas tanto por medios de comunicación tradicionales y digitales como por usuarios de especial relevancia en redes sociales, incluidos los denominados influencers. Se considerarán como tales aquellos con más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 sumando varias redes.

Entre las principales novedades, el plazo para solicitar la rectificación se amplía de siete a diez días, y hasta veinte en el caso de medios digitales e influencers. Desaparece además la obligación de dirigirse a los directores de los medios: bastará con remitir la solicitud al propio medio o, en el caso de plataformas, a quien ejerza el control efectivo de la publicación. Los medios digitales deberán contar con mecanismos gratuitos y visibles para facilitar este derecho y los usuarios de especial relevancia deberán informar en sus perfiles de cómo ejercerlo.

La norma mantiene la obligación de publicar la rectificación en un plazo máximo de tres días y mejora el procedimiento judicial, que será más ágil y simplificado.

En paralelo, el Ejecutivo ha iniciado la reforma de la ley de 1982 que regula la protección civil del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, para adaptarla a la realidad tecnológica y social actual. El anteproyecto refuerza el consentimiento en el uso de imágenes, limita su utilización a los contextos en los que fueron compartidas y fortalece la protección de los menores, fijando en 16 años la edad para consentir el uso de su propia imagen.