El Congreso de los Diputados acogió este lunes la jornada Lenguaje claro: el derecho a entender para fomentar la confianza en las instituciones, organizada por la asociación internacional Plain Language Association International (PLAIN). En el encuentro, Antonio Martín y Rubén Vinagre presentaron Constitución Clara, un proyecto de Constitución española adaptada al lenguaje claro.
La sesión de tarde, celebrada en la Sala Sagasta, reunió a parlamentarios, personal del Congreso y del Senado, asesores jurídicos, periodistas y especialistas en comunicación pública. Los ponentes subrayaron que las leyes, decretos, proposiciones, enmiendas o intervenciones parlamentarias suelen estar redactados en un lenguaje técnico y con estructuras complejas que resultan poco comprensibles para gran parte de la población, lo que genera distancia, desafección y pérdida de legitimidad democrática.
Durante la jornada se explicó que el lenguaje claro es una técnica de comunicación aplicada desde los años setenta en administraciones y parlamentos del mundo anglosajón, cuyo objetivo es que cualquier persona pueda encontrar, comprender y utilizar la información pública con facilidad. Entre sus beneficios se destacó que aumenta la transparencia, fomenta la confianza, reduce desigualdades, mejora la comunicación institucional y evita costes innecesarios derivados de la confusión.
En este contexto se presentó el proyecto «Constitución Clara», que ofrece una versión de la Constitución española elaborada con criterios de lenguaje claro para que cualquier ciudadano, sin importar su edad o nivel educativo, pueda entender el texto. El 8 de septiembre se publicó un borrador inicial en la web www.constitucionclara.com, con los nueve primeros artículos. Hasta el 15 de octubre estará abierto un proceso de consulta pública para recibir aportaciones de instituciones, expertos y sociedad civil, con el fin de elaborar una versión definitiva antes de que termine el año.
La iniciativa busca implicar a los tres poderes del Estado —ejecutivo, legislativo y judicial—, así como a la sociedad civil, con el fin de reforzar la calidad democrática a través de la claridad en la comunicación institucional.
El impulso al lenguaje claro en España se refleja también en el Plan de Parlamento Abierto 2025-2027, aprobado por la Mesa del Congreso en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto, y en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que reconoce por primera vez el derecho de la ciudadanía a recibir comunicaciones procesales en un lenguaje claro.
Asimismo, instituciones como la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Madrid, la Generalitat Valenciana, el Ajuntament de Barcelona, el Gobierno de Aragón o la Junta de Andalucía han introducido el lenguaje claro en su gestión. En paralelo, se ha elaborado la norma UNE-ISO 24495-1, que fija principios y directrices para redactar documentos en lenguaje claro y que servirá como referencia en España e internacionalmente. Además, está en proceso una norma ISO internacional sobre esta materia.
PLAIN, organizadora de la jornada, fue fundada en 1993 como asociación internacional sin ánimo de lucro y trabaja en más de treinta países para garantizar que los mensajes públicos sean accesibles, transparentes y comprensibles.
