Club Abierto de Editores (CLABE) ha culminado con rotundo éxito la celebración de su XX Congreso de Editores, un evento clave para el sector que ha tenido lugar bajo el lema «La inteligencia del idioma». Por primera vez en su historia, este foro se ha desplazado a La Rioja, reconocida como la cuna del español. En este marco, el congreso ha centrado sus esfuerzos en analizar los inminentes retos de los medios de comunicación, consolidando una serie de claves transversales que guiarán las demandas estratégicas de la asociación ante la irrupción de la inteligencia artificial y los profundos cambios normativos.
Una de las principales conclusiones extraídas del congreso es que la industria de los medios, que históricamente ha sido pionera y aceleradora en la adopción de innovaciones tecnológicas desde la invención de la imprenta, se enfrenta ahora a un nuevo y complejo hábitat. Los editores asumen la vocación y la necesidad innegociable de transformarse ante los nuevos escenarios digitales. Sin embargo, el sector ha lanzado una firme advertencia: la implementación de la inteligencia artificial debe estar regida por principios de justicia social y no puede desarrollarse vulnerando los derechos de quienes producen la información original.
Durante las jornadas de trabajo se ha denunciado que los titulares de derechos de propiedad intelectual están sufriendo un verdadero expolio, dado que sus contenidos se están empleando sin ningún tipo de permiso ni compensación para el entrenamiento de los grandes modelos fundacionales de IA. Además de este uso indebido, el sector alerta de un riesgo real de ser excluido de la nueva economía digital. A diferencia de otros ámbitos productivos que sí reciben apoyo estatal o autonómico, los medios reclaman fondos públicos que les permitan formar a sus plantillas e incorporar estas herramientas tecnológicas de manera competitiva en sus modelos de negocio. La conclusión es rotunda: la IA debe concebirse como una aliada que potencie el trabajo en las redacciones y respete la integridad editorial, nunca como un factor que devalúe la profesión o ahogue la libre competencia, en especial la de aquellos medios más pequeños e independientes.
Otro eje central de los debates ha girado en torno a la relación entre el periodismo y las administraciones públicas. Desde CLABE se ha dejado clara una postura inamovible en pleno debate sobre la publicidad institucional: el dinero público requiere ser adjudicado sin opacidad y completamente libre de sesgos. La asociación demanda una planificación que sea verdaderamente equitativa y no discriminatoria. Si bien el sector valora de manera positiva que el reciente anteproyecto de ley a nivel estatal contemple medidas para fomentar la transparencia, garantizar la igualdad de oportunidades y frenar los abusos de posiciones dominantes, existe una profunda preocupación por el panorama autonómico. Se ha constatado que ciertos gobiernos regionales están desarrollando regulaciones de espaldas al sector, aplicando criterios que asfixian económicamente a las empresas periodísticas y que consolidan sistemas distorsionados a la hora de medir y verificar las audiencias.
Frente a estas prácticas, el congreso ha servido para ratificar el sólido apoyo que CLABE mantiene hacia el Reglamento Europeo sobre Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). Se ha instado a todas las fuerzas parlamentarias a facilitar la entrada en vigor de sus directrices, recordando que la EMFA exige una transparencia rigurosa en cuanto a la propiedad de los grupos mediáticos, la claridad en sus vías de financiación y la fiabilidad en la medición de lectores. Estos son pilares básicos para competir en igualdad de condiciones en el mercado.
El congreso ha subrayado que la transparencia reguladora no debe ser impuesta de «arriba hacia abajo», sino construida a través de un diálogo real. Ante la creación del inminente Registro de Medios, se reclama a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una interlocución constructiva. Para que dicho registro sea verdaderamente útil y no responda a parámetros del pasado, CLABE propone la constitución de un Consejo Consultivo formado activamente por editores y profesionales.
De forma paralela, los asistentes han evidenciado la urgencia de repensar el actual modelo de ayudas públicas a la sostenibilidad del sector. Mientras que el aprovechamiento de los fondos europeos Next Generation ha situado a España en la vanguardia de las energías renovables o la biotecnología, en el ámbito de la información estos recursos se están canalizando mayoritariamente para «sujetar» viejas estructuras empresariales fuertemente endeudadas y obsoletas. Esta dinámica administrativa margina de las ayudas a los medios de menor tamaño, nativos digitales y proyectos locales, otorgando ventajas injustas a quienes ya ocupan posiciones de dominio y dañando de forma directa el pluralismo informativo que teóricamente se pretende proteger.
Todas estas demandas emanan de una base extraordinariamente representativa. CLABE agrupa hoy a 225 grupos editoriales responsables de unas 1.500 cabeceras impresas y digitales. Este rico ecosistema incluye modelos globales y de nicho, B2B y de alcance hiperlocal, unidos todos por el afán común de emprender, combatir la desinformación y garantizar el derecho ciudadano a recibir una información veraz, asegurando que «las opiniones sean libres, pero los hechos sigan siendo sagrados».
La cita en La Rioja concluye erigiéndose como un imperativo llamamiento dirigido a gobernantes, profesionales y a toda la ciudadanía. Poner en valor el rigor, la información y el conocimiento en español en plena era de la inteligencia artificial resulta imprescindible para avanzar hacia un entorno mediático mucho más democrático, justo y equilibrado. Este vigésimo congreso demuestra que los editores españoles están listos para la transformación, pero exigen las herramientas normativas y de mercado justas para seguir garantizando un periodismo libre.
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