Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales y Cooperación en el Ministerio de Cultura y Deporte, ha explicado en las jornadas del Foro de Gobernanza de Internet 2020, la directiva europea sobre propiedad intelectual que habrá de trasponerse a la legislación española en breve. La directora general ha comentado que la directiva es “busca un equilibrio entre editores y agregadores de la prensa digital” y ha apelado al consenso a partir del trabajo en común para encajar de la mejor forma la norma europea en la legislación española.
El 17 de mayo de 2019, se publicó en el DOUE la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 201/29/CE (derechos de autor). Esta Directiva señala nuevos derechos digitales para los editores de diarios, así como limitaciones para las plataformas online.
La nueva Directiva en vigor veinte días después, y desde ese momento, los Estados miembros han tenido un periodo de dos años para llevar a cabo su transposición a las legislaciones nacionales en vigor. La fecha límite para la trasposición es el 7 de junio de 2021, pero el debate se ha acelerado en fechas recientes, ya que significará una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
Adicionalmente, la UE aprobó la Directiva UE/2019/789, que establece normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión, programas de radio y televisión. El debate en torno a esta está más avanzado.
Adriana Moscoso explicó que el ministerio de Cultura tiene listo un borrador de reforma de la LPI y que en fecha muy próxima lo dará a conocer a todos los agentes del sector para que la nueva reforma de la ley española tenga el mayor de los consensos. Respecto a la irrenunciabilidad de la compensación que establece el artículo 32.2 de la ley en vigor afirmó que en su opinión “encaja perfectamente” con la nueva directiva. “No hay una postura común en todo el sector y se valorarán las diferentes demandas”, afirmó.
Las normas europeas ofrecen la oportunidad de corregir los errores de la actual LPI solo seis años después de su aplicación y, en particular, el artículo 32.2 que establece un canon a los agregadores de Internet por usar los contenidos de los editores españoles. Conforme a ese artículo en vigor, los editores tienen un «derecho irrenunciable» a cobrar a los agregadores de contenidos en Internet por la indexación de sus artículos.
La AEEPP mantiene las mismas posiciones que ha defendió cuando se abrió el debate para la reforma de la LPI hace cinco años, que ha tenido un enorme coste para los editores, ha perjudicado a los usuarios de Internet y ha provocado la retirada de iniciativas empresariales como el cierre de Google News en España.
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