Veinticinco sociedades editoras de medios de comunicación de las nueve provincias de Castilla y León han presentado una demanda conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad contra la reciente modificación de la Ley de Publicidad Institucional. La reclamación, registrada este lunes, solicita la aplicación de medidas cautelares y alega varios supuestos de inconstitucionalidad en la norma impulsada por los procuradores de PSOE y VOX y aprobada el pasado mes de julio con el apoyo de Podemos y del exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
Los demandantes consideran esta reforma una amenaza directa a la libertad de prensa y al derecho a la información, por el riesgo que supone para el pluralismo informativo y la viabilidad de los medios más pequeños. Las sociedades firmantes advierten de que su aplicación práctica genera posibles vulneraciones en materia de contratación pública.
La modificación de la ley salió adelante pese a la oposición del Colegio de Periodistas de Castilla y León, que habían solicitado un debate y una revisión del texto junto a los grupos parlamentarios.
Hace unas semanas, el Consejo Consultivo de Castilla y León ya había advertido de la posible inconstitucionalidad de cinco artículos de la norma, señalando que colisionan con la legislación estatal. El dictamen sostiene que introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, limita de manera arbitraria los ingresos por publicidad institucional y llega a invadir competencias en materia laboral, lo que pone en duda su validez jurídica.
Entre los aspectos más controvertidos, el órgano consultivo destaca que la ley amplía las prohibiciones de contratación más allá de lo previsto en la Ley estatal de Contratos del Sector Público y en la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. También critica el límite del 33% de ingresos procedentes de contratos con la administración, al considerarlo arbitrario y contrario al marco legal estatal.
Los medios firmantes de la demanda advierten de que, si la norma se aplica, afectará directamente a la pluralidad informativa, reducirá plantillas y provocará el cierre de proyectos provinciales e hiperlocales, especialmente en territorios afectados por la despoblación.