La piratería digital en España ha roto su tendencia a la baja y vuelve a niveles preocupantes. El Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2024, elaborado por GfK para la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, revela que en 2024 se produjeron 7.330 millones de accesos ilegales a contenidos culturales. El valor de mercado defraudado alcanzó 42.782 millones de euros, generando un perjuicio directo de 3.032 millones a industrias como música, cine, series, videojuegos, libros, prensa e imágenes.
El impacto económico es amplio: el Estado dejó de ingresar 955 millones de euros en impuestos y cotizaciones, mientras se frustró la creación de 188.058 empleos directos e indirectos. “Es evidente que los infractores han modificado nuevamente sus modelos para eludir su impacto y es imprescindible y urgente implementar nuevas estrategias”, alertó Carlota Navarrete, directora general de la Coalición.
El sector cultural reclama una acción urgente: acelerar la aplicación nacional del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), exigir a grandes plataformas mayor control del contenido ilícito, imponer obligaciones de colaboración a servicios como mensajería, redes sociales y VPN, y reforzar la estrategia follow the money para cortar la financiación publicitaria de portales piratas.
El estudio confirma además cambios en los hábitos de acceso ilegal: las redes sociales y la mensajería instantánea —con Telegram y WhatsApp a la cabeza— crecen como vías de entrada a webs ilícitas, mientras los buscadores siguen liderando la búsqueda de contenido ilegal.
Para la Coalición y las asociaciones culturales, la situación supone un retroceso tras casi una década de mejora. Sin embargo, ven margen de optimismo en el creciente consumo legal y la conciencia ciudadana sobre el daño a los creadores. El reto, dicen, es convertir esas señales en políticas y acciones eficaces que frenen un mercado ilícito que vuelve a avanzar.