El Gobierno aprobó a mediados del pasado año incluir «a los editores de publicaciones de prensa y revistas” entre los agentes del mercado con derecho a percibir una compensación por copia privada. Se ponía fin así a una discriminación sostenida que sufrían los editores de prensa y de revistas respecto del resto de titulares de derechos, nacionales y de otros países europeos, puesto que no tenían reconocida una compensación por la copia privada de sus obras. Este hecho suponía dejar fuera de la compensación actos tan cotidianos como reproducir artículos de prensa en el móvil y tabletas digitales o descargar un reportaje de una revista en nuestro ordenador.
La legislación vigente no impide la reproducción para uso privado de estas publicaciones y, sin embargo, sus titulares no perciben compensación por los perjuicios que les acarrean esas copias, lo que va en contra de la directiva 2001/29. La compensación es gestionada por la Ventanilla Única Digital, integrada por las entidades gestoras de derechos de autor de diferentes sectores de producción de contenidos: CEDRO, DAMA, AIE, EGEDA, AFEDI, SGAE, SEDA, VEGAP y AISGE.
A primeros del año 2022, Club Abierto de Editores (CLABE) inició conversaciones con otras organizaciones del sector y con el Ministerio de Cultura para que se corrigiera esta situación. En todo momento, CLABE manifestó a CEDRO, representante del sector editorial, su absoluta confianza en el trabajo técnico que realiza esta entidad en defensa de los derechos de propiedad intelectual y en las estimaciones que sus técnicos pudieran realizar acerca del impacto de la piratería en los medios de prensa y revista así como el alcance que la compensación por copia privada pudiera alcanzar para el conjunto del sector.
Fruto de ese trabajo entre las principales organizaciones representativas del sector de medios y revistas, fue la aprobación a mediados de 2022 del proyecto de RD del Gobierno de España por el que se reconoce “entre los sujetos acreedores de la compensación equitativa (por copia privada) a los editores de publicaciones de prensa y revistas”. También se incluyó el derecho a la compensación por copia privada a las partituras.
Este reconocimiento legal tiene que llevar aparejado:
- Un trato igualitario a todos los titulares de derechos afectados por la copia privada.
- Una compensación por el perjuicio causado a la prensa por este concepto.
Para conseguir ese objetivo, es necesario un estudio que determine los hábitos de copia privada y establezca de forma justa la retribución que corresponde a cada área de la industria cultural. Sin embargo, las entidades de gestión de derechos que representan a quienes hasta ahora tenían reconocido el derecho a la compensación por copia privada (fundamentalmente, los productores de fonogramas y videogramas) se oponen a reconocer este derecho a los editores de prensa y revista o, en el mejor de los casos, reconocen una cantidad exigua para todo el sector, pese a que disponen de estudios independientes que desacreditan su actitud.
Si el Real Decreto que se está tramitando mantuviera arbitrariamente el anterior reparto entre áreas culturales -libros, fonogramas y videogramas- sin tener en cuenta la nueva situación tras la incorporación de la prensa y las revistas, el Gobierno estaría incurriendo en una responsabilidad patrimonial. El motivo: haber establecido un reparto injusto de la compensación por copia privada para los editores de prensa y de revistas , puesto que mantendría un statu quo que consolidaría un sistema antiguo y caduco y que no tiene en cuenta las novedades introducidas por esta misma norma.
De hecho, el pasado año el Tribunal Supremo declaró este tipo de responsabilidad patrimonial en cinco recursos sobre una cuestión referente al reparto de la copia privada y reconoció que el sector editorial tenía que recibir el 25% del total recaudado por las entidades de gestión por copia privada.
Los estudios demuestran que se efectúan de forma cotidiana reproducciones para uso privado de prensa y revistas, tanto a partir de sus ediciones en papel como de las que se divulgan en formato digital. La realidad, conforme a distintos estudios sectoriales, es que la propuesta de distribución no está de acuerdo con los hábitos y prácticas actuales, puesto que no se tiene en cuenta la evolución del uso de la prensa, que ha pasado a ser en gran medida digital a través, fundamentalmente, de teléfonos móviles, tabletas digitales y ordenadores de mesa.
Entre otros informes, el estudio elaborado por GFK para CEDRO en 2018 señala que se efectuaron más de 34 millones de copias privadas solo de revistas no consideradas como publicaciones asimiladas a libros que originaron a sus titulares un perjuicio de más de 6,7 millones de euros.
CLABE informó al Ministerio de Cultura durante el periodo de consulta pública del Real Decreto nuestro absoluto alineamiento con las estimaciones técnicas realizadas por CEDRO frente a la resistencia manifestada por otras entidades de gestión colectiva a reconocer el derecho de los editores de prensa y de revistas.
Existen modelos consolidados en los que los editores de prensa son remunerados justamente por la copia privada, como es Alemania. En otros países de la UE, como es Francia, la propia Comisión encargada de regular la copia privada reconoce la insuficiencia de los datos para determinar el perjuicio de las obras de texto y de imágenes.
Con ese panorama, el ministerio de Cultura de España tiene la oportunidad de establecer un sistema de derechos de autor equitativo y solidario, que impulse la sostenibilidad de todos los sectores culturales, entre los que los medios de prensa y las revistas jugamos un papel central. Este sistema debería compensar a los titulares de derechos de propiedad intelectual del sector de la prensa el perjuicio real que les ocasiona que más del 8% de la población española lleve a cabo copias privadas de periódicos y revistas.
La resistencia de algunas entidades de gestión colectiva a reconocer una compensación equitativa para los editores de prensa y revistas -también para los autores de partituras- no debe enturbiar el excelente trabajo que ha realizado CEDRO, en colaboración con los medios de prensa y las revistas y las asociaciones que los representan. Por su parte, el ministerio de Cultura está a la espera del análisis del Consejo de la Propiedad Intelectual y el Consejo de Estado -que no ha querido escuchar a CEDRO, pero si a otras entidades de gestión colectiva-.
CLABE estará siempre a favor del diálogo y de la búsqueda del consenso como ya ha expresado repetidamente a los representantes del ministerio de Cultura, a las entidades de gestión representadas en ADEPI y a otras asociaciones del sector de medios de comunicación. Seguro que seremos capaces de llegar a un acuerdo justo y ejemplar para Europa.
Juan Zafra, Director General de CLABE
Enlaces de interés:
El Gobierno incluye a prensa y revistas entre los beneficiarios del canon digital por copia privada
