La sentencia del Tribunal Supremo, que declara nulo el Real Decreto 535/2013 por el que se establece la concesión de subvenciones a las entidades del Tercer Sector de ámbito estatal, compromete el actual sistema de vertebración social y pone en riesgo la realización de los programas y servicios que se desarrollan con millones de personas, cuya asistencia puede verse gravemente afectada.
La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) quiere poner de relieve el perjuicio que ocasiona la sentencia del Alto Tribunal respecto a las subvenciones al Tercer Sector para más de seis millones de personas. De ellas, más de 35.000 se benefician de las actuaciones llevadas a cabo a través del Movimiento Asociativo de Familias-FIAPAS.
A raíz de un recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña, el Supremo falla a favor de ésta, declarando nulo el mencionado Real Decreto al considerar que la asistencia social es una competencia exclusivamente autonómica, sin tener en cuenta la cohesión territorial que supone el modelo actual.
La convocatoria de subvenciones ahora declarada nula, ha permitido a FIAPAS cumplir con su misión y objetivos como movimiento asociativo, a través de la planificación, gestión y coordinación del mismo, potenciando su proyección como agente social y miembro activo entre las entidades del Tercer Sector, actuaciones que no se pueden considerar como asistencia social como alega la sentencia del Supremo.
Además, los fundamentos expuestos por el Supremo llevan a temer un fallo similar con respecto a los programas desarrollados a cargo del IRPF, recaudados a través de la casilla de “fines sociales” de la Declaración de la Renta.
Al respecto, FIAPAS recuerda que, en el año 2014, más de un centenar de profesionales ha llevado a cabo, a lo largo del territorio nacional, 8.000 gestiones derivadas de la atención y el apoyo a las familias, la prestación de más de 23.000 servicios de intervención logopédica y más de 650 horas de accesibilidad para personas sordas en actos y espacios públicos. Todo ello gracias a esta asignación tributaria, que garantiza la coherencia territorial y la equidad, al evitar desigualdades entre comunidades autónomas.
Por este motivo, FIAPAS se suma a las reivindicaciones de otras entidades del Tercer Sector al que pertenece, como es el caso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ya levantaron su voz contra esta decisión del Alto Tribunal y su consecuencia para la sostenibilidad de 30.000 entidades de acción social.
En este sentido, el presidente de FIAPAS, Jose Luis Aedo, agradece las palabras del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, quien el pasado lunes, durante la inauguración de la Asamblea anual del CERMI, aseguró que el Gobierno está buscando “fórmulas” para resolver esta situación. “Esperamos que los poderes públicos tengan en cuenta las reivindicaciones de las organizaciones del Tercer Sector y encuentren una solución duradera y permanente en el tiempo”, concluye Aedo.
FIAPAS, entidad con implantación estatal, constituye la mayor plataforma de representación de las familias de personas sordas en España y trabaja desde hace más de 35 años para mejorar la calidad
de vida de las personas sordas y de sus familias.
