El Gobierno ha dado un nuevo impulso al marco legal de protección de los derechos informativos con la aprobación del proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación y el análisis del anteproyecto de reforma de la ley de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes el proyecto de ley sobre el derecho de rectificación, actualmente vigente desde 1984, con el objetivo de adaptarlo al entorno digital, reforzar su eficacia y agilizar los procedimientos judiciales. Según explicó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ambas iniciativas forman parte del Plan de Acción por la Democracia aprobado en septiembre de 2024, del que ya se ha ejecutado el 70 % de las medidas previstas.
La nueva norma permitirá a cualquier ciudadano solicitar la rectificación de informaciones inexactas o falsas que le afecten, difundidas tanto por medios de comunicación tradicionales y digitales como por usuarios de especial relevancia en redes sociales, incluidos los denominados influencers. Se considerarán como tales aquellos con más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 sumando varias redes.
Entre las principales novedades, el plazo para solicitar la rectificación se amplía de siete a diez días, y hasta veinte en el caso de medios digitales e influencers. Desaparece además la obligación de dirigirse a los directores de los medios: bastará con remitir la solicitud al propio medio o, en el caso de plataformas, a quien ejerza el control efectivo de la publicación. Los medios digitales deberán contar con mecanismos gratuitos y visibles para facilitar este derecho y los usuarios de especial relevancia deberán informar en sus perfiles de cómo ejercerlo.
La norma mantiene la obligación de publicar la rectificación en un plazo máximo de tres días y mejora el procedimiento judicial, que será más ágil y simplificado.
En paralelo, el Ejecutivo ha iniciado la reforma de la ley de 1982 que regula la protección civil del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, para adaptarla a la realidad tecnológica y social actual. El anteproyecto refuerza el consentimiento en el uso de imágenes, limita su utilización a los contextos en los que fueron compartidas y fortalece la protección de los menores, fijando en 16 años la edad para consentir el uso de su propia imagen.