El Consejo de Ministros ha aprobado remitir al Congreso el proyecto de Ley de Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios de Comunicación. Según ha explicado el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, el objetivo de la nueva normativa es reforzar los derechos digitales y la democracia.
El texto otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) nuevas funciones, entre ellas la potestad de sancionar a medios de comunicación que no estén inscritos en el registro correspondiente, así como evaluar operaciones de compra para evitar la concentración mediática.
Esta ley modifica tres normativas vigentes: la de Servicios de Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Ley General de Comunicación Audiovisual y la que regula la creación de la CNMC.
Además, se crearán dos nuevas direcciones generales, una de servicios digitales y otra de medios de comunicación. La CNMC se convertirá en la autoridad nacional competente para la vigilancia y cumplimiento de la normativa en materia digital y mediática, con poder sancionador sobre plataformas con menos de 45 millones de usuarios. Para plataformas que superen esa cifra, la competencia recae en la Comisión Europea, aunque la CNMC podrá elevar denuncias a nivel comunitario.
El proyecto también establece la obligación para las plataformas de habilitar canales de denuncia y contempla la creación de una red de alertadores fiables, que serán personas jurídicas certificadas por la CNMC.
Se creará un registro estatal de medios, dependiente de la CNMC, y registros autonómicos. Aunque registrarse no será obligatorio para operar, no hacerlo podrá implicar sanciones y limitar el acceso a publicidad institucional.
La CNMC también evaluará la concentración de medios más allá de radio y televisión, aunque aún no se han fijado los porcentajes, a la espera de un análisis más profundo por parte del organismo.
Finalmente, el proyecto refuerza las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos para mejorar la protección de menores y se alinea con los reglamentos europeos sobre servicios digitales y medios, así como con el plan de acción para la democracia. Según López, el cumplimiento del compromiso gubernamental en esta materia ya supera el 60 %.
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