El Gobierno aprueba una nueva ley para la transparencia y regulación de medios de comunicación y servicios digitales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Anteproyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. La nueva norma pretende reforzar la transparencia en el sector y adaptar la legislación española a las directivas europeas sobre libertad de los medios y derechos digitales.

Registro obligatorio de medios y control de la CNMC

Uno de los principales puntos del anteproyecto es la creación de un registro estatal de medios de comunicación, de carácter obligatorio, gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dicho registro deberá contener información detallada sobre la propiedad de los medios, nombres y apellidos de sus accionistas, fuentes de financiación y datos de audiencia. Este registro será de libre acceso para consulta pública y se complementará con registros autonómicos coordinados con el estatal.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva normativa busca garantizar un entorno digital seguro, transparente y plural. Según López, los ciudadanos tienen derecho a conocer quiénes son los propietarios de los medios y qué financiación pública reciben.

Límites a la concentración de medios y a la financiación pública

Para evitar la concentración del mercado mediático en manos de unos pocos actores, la CNMC establecerá límites a la concentración de medios de comunicación. Aunque estos umbrales aún no están definidos, se determinarán en el marco de la normativa europea y se trasladarán a la legislación española.

Además, la norma regulará la financiación pública a la prensa, la radio y la televisión, con el fin de asegurar una distribución equitativa de la publicidad institucional y evitar conflictos de interés. Los medios deberán publicar anualmente la cantidad de fondos públicos recibidos por campañas de comunicación institucional.

El anteproyecto también incluye la transposición de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, lo que dotará a la CNMC de nuevas competencias en la supervisión de plataformas digitales.

Con este paso, se operativiza y facilita que “la CNMC vele porque los proveedores de servicios digitales (esto es: plataformas, buscadores, etc.) cumplan con la ley de servicios digitales. Estamos hablando de propiciar que los proveedores de servicios de internet tengan que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online”, ha enumerado el ministro López en su intervención en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

“Con esta iniciativa, avanzamos en la protección de los derechos digitales y en la defensa de la calidad de nuestra democracia. Hoy más que nunca, Europa y España deben ofrecer un espacio digital seguro donde se protejan todos los derechos fundamentales y los derechos específicos de los consumidores y usuarios. Porque lo que es ilegal offline, debe ser ilegal online”, ha subrayado el ministro.

Régimen sancionador: multas de hasta el 6% del volumen de negocio

Para garantizar el cumplimiento de las nuevas regulaciones, la ley establece un régimen sancionador con multas que van desde 30.000 euros en el caso de infracciones leves hasta el 6% del volumen de negocio anual mundial del infractor para los casos más graves.

La normativa también refuerza el papel de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que será la encargada de supervisar la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores.

Un paso hacia la modernización y protección de la democracia digital

Este anteproyecto de ley forma parte del Plan de Acción por la Democracia impulsado por el presidente Pedro Sánchez. Con esta normativa, el Gobierno busca adaptar la legislación española a los estándares europeos y avanzar en derechos digitales, garantizando un ecosistema mediático más transparente, plural y seguro.

El texto será presentado en los próximos días en el Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación parlamentaria. De ser aprobado, supondrá una reforma clave en el ámbito de los medios de comunicación y los servicios digitales en España.