La compañía española cuenta en promedio con menos de cinco empleados, distanciándose de los doce que tiene Alemania y también por debajo de los seis de la media en Europa.
– La compañía de España presenta la tercera menor productividad en comparación con sus equivalentes europeos.
– La productividad está influenciada por el tamaño: las pequeñas empresas presentan una productividad que es tres veces inferior a la de las grandes y, en promedio, ofrecen un salario que es un 26% menor, lo que les impide acceder al mercado laboral debido al problema de las vacantes.
– La CEPYME solicita que el Gobierno detenga la aplicación de normativas laborales que crean incertidumbre, incrementan los gastos de las empresas y dificultan su expansión.
– El quinto nivel de cotizaciones más elevado en Europa lo tiene España, solo superado por Francia, los Países Bajos, Eslovaquia y la República Checa. En estos cuatro países, la carga se distribuye entre el empleado y el empleador.
– CEPYME sugiere ofrecer a las empresas un plazo de cuatro años continuos para satisfacer los criterios necesarios para implementar los niveles regulatorios, eliminando así el impedimento que representan los límites legales.
Las empresas españolas de tamaño pequeño y mediano, que constituyen el 99,8% del total, resultan ser más reducidas que sus equivalentes en Europa, con un promedio de 4,8 empleados, en comparación con el promedio de 5,9 trabajadores en el continente europeo. Según lo que evidencia el reciente informe de Crecimiento Empresarial de CEPYME, existe una mayor cantidad de empresas pequeñas en España en comparación con los países cercanos a nosotros.
Al realizar una comparación de la media de ocupación de la compañía en España con la de naciones como Alemania, que cuenta con 11,9 empleados, Reino Unido (8,7) e incluso Austria y Dinamarca, que tienen 7,6 y 7,3, respectivamente, se establecen las diferencias más marcadas.
Se debería incrementar en un 36% la cantidad de empresas medianas en nuestro país (18.123 en 2022) para poder alcanzar la media de los principales países europeos en nuestra región (24.735 empresas). A pesar de que en los últimos años se ha observado una leve tendencia al aumento del tamaño empresarial, esta sigue siendo insuficiente para cerrar la brecha que existe con la media europea.
Disponer de un tejido empresarial más reducido que el de nuestros competidores y socios europeos implica una serie de inconvenientes, tales como salarios más bajos debido a recursos limitados, una menor oportunidad de atraer y conservar talento, una capacidad restringida para acceder a la financiación requerida, y una escasa habilidad para innovar y exportar. En resumen, todo esto conlleva a una productividad y competitividad disminuidas, así como menos recursos para enfrentar situaciones de crisis. Esto culmina, en última instancia, en una duración empresarial reducida y en mayores obstáculos para perdurar.
La menor dimensión de las compañías en España provoca que su eficiencia sea inferior. De este modo, las ventas por empleado de las empresas españolas (329,3 euros/empleado) están expresadas en euros con el mismo poder adquisitivo en todas las naciones. Las mayores diferencias se registran en comparación con Irlanda (788,7 euros/empleado), Bélgica (592,4 euros/empleado) y Dinamarca (485,5 euros/empleado). La media de los países europeos analizados asciende a 362,2, lo cual representa un 10% más que en nuestro país.
Las compañías más pequeñas presentan una eficiencia significativamente inferior en comparación con las más grandes. De hecho, las microempresas muestran una productividad que es tres veces menor que la de aquellas que cuentan con 250 trabajadores. Asimismo, las empresas de menor tamaño también son más susceptibles a enfrentar crisis económicas, como la financiera del 2008 o la más reciente ocasionada por la pandemia. En términos generales, las pymes tienen una vida media que no excede los 14 años. En 2022, las empresas sin empleados tenían una edad promedio inferior a nueve años. Un 45,4% de las empresas con uno o dos trabajadores no supera los siete años, y solamente un 20,6% logra pasar los 20 años. Por otro lado, un 33,9% de las organizaciones que cuentan con al menos 20 empleados tiene más de 20 años de existencia, mientras que una proporción similar (35,7%) no supera los siete años de funcionamiento.
En las compañías más pequeñas, los salarios también tienden a ser inferiores, debido a su escasez de recursos y productividad. En las empresas con menos de 50 empleados, el salario promedio es de 1.659 euros, mientras que en aquellas que superan los 200 trabajadores, asciende a 2.268 euros; lo que representa un descenso del 26,8%.
Asimismo, la capacidad que poseen para llevar a cabo operaciones de comercio internacional es bastante restringida. De acuerdo con cifras de 2022, las microempresas de España que realizan exportaciones lo hacen por un valor promedio de 276.000 euros, lo que representa un 40% menos que la media de sus contrapartes europeas.
La situación del tejido empresarial en España no puede ser ignorada al momento de diseñar las políticas económicas que influyen en la actividad de las empresas. En este contexto, CEPYME solicita un marco regulatorio que contemple las demandas de las pymes y fomente su expansión, en lugar de la actual cantidad de normativas y reformas que generan inseguridad, incrementan las cargas y elevan los costos de las empresas, particularmente de las pymes, como sucede con la reducción de la jornada laboral establecida por ley, el reciente aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el alza en las cotizaciones.
El aumento del 73% del Salario Mínimo Interprofesional que se ha aprobado en los últimos años, a partir de 2016, representa una carga considerable para las pequeñas empresas, dado que implica un aumento significativo en los costos sin que esto se acompañe de un incremento equivalente en su productividad, lo que limita su capacidad de destinar recursos a la inversión, entre otros aspectos.
De acuerdo con el nuevo estudio sobre Crecimiento Empresarial, uno de los sistemas fiscales más complicados y menos beneficiosos para la actividad económica y el desarrollo de las empresas se encuentra en España, con tarifas elevadas en el Impuesto sobre Sociedades y en las contribuciones. Específicamente, España se posiciona como el quinto país europeo con las cotizaciones más altas, siendo superado únicamente por Francia, Países Bajos, Eslovaquia y la República Checa. En estos cuatro países, la carga se distribuye entre el empleador y el trabajador.
Las pequeñas y medianas empresas son igualmente afectadas de manera significativa por elementos como el alto aumento del absentismo, que se mantiene en niveles del 7% desde el inicio de la pandemia. Dado el mayor impacto que tiene el empleo en las compañías de menor tamaño, la ausencia de un trabajador representa un obstáculo más considerable para el normal funcionamiento de una empresa pequeña.
Asimismo, el documento evidencia el aumento de la carga administrativa que enfrentan las empresas. En el año 2023, se superaron, por tercer año seguido, el millón de páginas publicadas en los boletines oficiales del Estado y de las Comunidades Autónomas; específicamente, 1,27 millones de páginas, con un promedio cercano a las 5.100 páginas por jornada laboral. Esta considerable carga regulatoria afecta particularmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que se ven obligadas a destinar una parte considerable de sus recursos a gestionar estas exigencias burocráticas, en lugar de utilizarlos para optimizar su actividad y fomentar su desarrollo.
Aumentar la dimensión de las empresas parece fundamental para contar con un ecosistema empresarial más competitivo, más resistente y, por ende, una economía más robusta.
Identificar y eliminar los obstáculos que obstaculizan el desarrollo empresarial es fundamental para fomentar el crecimiento de las empresas, de los cuales existen varios, particularmente aquellos relacionados con la regulación, las obligaciones y las cargas administrativas. Estas dificultades tienden a incrementarse cuando las empresas alcanzan ciertos tamaños, además del aumento de los costos y políticas que, en ocasiones, son intervencionistas y desalientan tanto la actividad empresarial como el progreso de las compañías. CEPYME solicita que se avance en la disminución de costos, la reducción de cargas administrativas y la supresión de barreras regulatorias, que debilitan los recursos de las empresas, forzándolas a destinarlos a asuntos menos productivos y limitando su capacidad de crecimiento.
De igual manera, se solicita por parte de la Confederación un entorno laboral que sea adaptable y seguro, el cual no provoque dudas, así como también una disminución de los gastos laborales que fomente la contratación.
La propuesta de CEPYME es otorgar un período de cuatro años a las empresas para que cumplan con los requisitos necesarios para activar los escalones regulatorios, eliminando así el impedimento al crecimiento que representan los umbrales establecidos por la legislación. Además, subraya la importancia de aplicar el principio de «Pensar en Pequeño Primero», considerando prioritariamente a las pymes en el proceso de legislación, así como la implementación de estrategias que fomenten la inversión y las fusiones empresariales, y que reduzcan las cargas burocráticas para los empresarios. También se sugiere un sistema fiscal que libere recursos para promover la reinversión de los beneficios, junto con costes laborales más moderados que incentiven las contrataciones, así como políticas que atiendan las demandas específicas de las pymes, que son mayoritarias en el tejido empresarial de España. En resumen, se requiere un marco normativo que favorezca el crecimiento de las empresas, beneficiando así al tejido productivo, a la economía en general, a las finanzas públicas y, ultimadamente, a toda la sociedad.
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