Intervención íntegra del presidente de CLABE, Arsenio Escolar, en el Congreso

El presidente de CLUB ABIERTO DE EDITORES (CLABE) ha comparecido en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática del Congreso de los Diputados para exponer la visión de los editores de prensa, revistas y publicaciones periódicas sobre las medidas para combatir el fenómeno de la desinformación, en defensa del derecho a una información de la ciudadanía.

A continuación recogemos la intervención íntegra del presidente de CLABE, Arsenio Escolar.

Congreso de los Diputados.

Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Miércoles, 18 de diciembre de 2024.

Buenas tardes. Estoy aquí como presidente del Club Abierto de Editores (CLABE) y como profesional de la información que lleva ya casi medio siglo en activo.

Soy presidente de CLABE desde hace 20 años. He sido elegido en seis procesos electorales consecutivos, el primero en 2004, el último en 2024, en octubre pasado. Esta posición me ha permitido seguir desde una privilegiada primera fila todo lo que ha ocurrido en el sector en las últimas dos décadas. CLABE es la mayor asociación empresarial de medios de comunicación en España, la mayor en número de empresas asociadas.

En concreto, tenemos 191 empresas asociadas. Alguna, muy grande; muchas, medianas; muchísimas, pequeñas o muy pequeñas. Esas 191 empresas editan unas 1300 cabeceras diferentes. Somos muy diversos. Editan, editamos, de todo: diarios, revistas semanales, mensuales o trimestrales o agencias de noticias; medios impresos o medios digitales; medios locales, autonómicos, nacionales o de ámbito internacional; especializados o generalistas; gratuitos, de pago o de suscripción. Creo, honestamente, que además somos la asociación que mejor entiende los cambios en la sociedad digital y en el sistema mediático, con la aparición de nuevos actores con los que debatimos y colaboramos (Google, Meta y otras plataformas digitales). Hay de todo, también, entre las posiciones ideológicas de los asociados a CLABE. Desde la izquierda a la derecha, desde el centralismo al independentismo.

Esta variedad, esta pluralidad, tan representativa de la sociedad española, no impide que muchas de nuestras preocupaciones sean coincidentes. La desinformación es hoy una de ellas, una de nuestras preocupaciones principales. Somos miembros de CEOE y de Cepyme, y miembros fundadores de una asociación europea, la European Independent Media Publishers, que ha estado muy activa con las instituciones europeas durante la elaboración de la EMFA, la Ley Europea sobre Libertad de Medios de Comunicación.

Muchos de los asuntos sobre los que se debate en esta comisión parlamentaria han sido objeto de debate, reflexión y acción durante estos últimos años por parte de la organización que represento. La libertad de prensa, el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir una información veraz, la transformación digital, la publicidad institucional, los derechos de autor, la transparencia en los medios, los códigos deontológicos, la lucha contra la desinformación…

La desinformación nos preocupa, insisto. Mucho. Nos preocupa desde bastante antes de que fuera objeto de debate público en España. Empezó a preocuparnos ya en enero de 2017, cuando con la llegada por primera vez de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos uno de sus asesores lanzó el controvertido concepto de los “hechos alternativos”. Como bien les respondió un periodista a aquellos asesores de Trump, “los hechos alternativos no son hechos, son falsedades”.

Las falsedades, las fake news, los bulos nos preocupan tanto en CLABE que, en octubre del pasado año, es decir, meses antes de que se aprobara en el Parlamento Europeo la EMFA, organizamos desde nuestra organización una primera Jornada contra la Desinformación en la que, además de varios miembros del Gobierno, expertos académicos y representante de medios de comunicación y de las grandes plataformas tecnológicas, intervinieron todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.

Las intervenciones de aquella primera jornada están recogidas en el libro comprometidos con la verdad, y con ese mismo nombre hemos abierto un sitio en línea, comprometidosconlaverdad.com donde recogemos todo lo que vamos haciendo en esta materia. Este pasado octubre organizamos la segunda edición de la Jornada.

Permítanme que les lea algunos párrafos de mi intervención: Decía: “Durante mucho tiempo, para los periodistas los hechos han sido sagrados y las opiniones libres. Desde hace unos años, las opiniones siguen siendo libres, afortunadamente; pero algunos han decidido que también podían convertir los hechos en libres, rehacerlos, buscarles verdades alternativas, desinformar, mentir. Nada amenaza tanto como este fenómeno de la desinformación al periodismo y, en consecuencia, a la sociedad en su conjunto, al debate público, a las elecciones, a la salud de la democracia”.

Decía también, y digo aquí: “Nosotros vivimos del crédito, de la confianza y de la credibilidad que tenemos ante nuestros lectores, nuestros anunciantes y nuestros proveedores. El nuestro es un negocio basado en la reputación que generamos en el entorno al que se dirigen nuestras publicaciones. Si el fenómeno de la desinformación se sigue extendiendo como en estos últimos años, su basura acabará salpicando al conjunto del sector. Buena parte del público pensará que todos somos lo mismo”.

Continuaba diciendo: “Los bulos, las mentiras, las falsedades, la desinformación… han existido siempre. Lo nuevo y grave de nuestro tiempo son dos factores. Uno, que la velocidad y la eficacia de expansión de la desinformación se ha multiplicado gracias al mal uso de la tecnología y de las redes sociales. Y dos, que la desinformación consciente, planificada, ha comenzado a ser herramienta habitual y frecuente en algunas personas, instituciones y medios que hasta ahora no practicaban ese juego sucio. Demasiada gente que teníamos por honorable ha caído en la tentación de la desinformación, de modo permanente u ocasional, fijo o discontinuo. Que la mentira y la desinformación hayan pasado a ser consideradas como una práctica aceptable o al menos excusable en el primer nivel de la política y del periodismo es una de las peores noticias de nuestro tiempo. Que las opiniones sean libres y también los hechos sean libres, no sagrados, es una tristísima y devastadora novedad”.

Acabo ya las autocitas: “La desinformación no es un fenómeno pasajero. No es circunstancial. No es coyuntural. Se está convirtiendo en un mal estructural. Ha llegado con la pretensión de quedarse, y se quedará y creará una destrucción inimaginable si no actuamos pronto y con contundencia los dos grandes polos afectados y a la vez actores: los políticos y los medios de comunicación. Estos con autorregulación y con códigos éticos; aquellos, con normativa que respete escrupulosamente la libertad de pensamiento y la libertad de prensa, la discrepancia, la pluralidad, pero que corte de raíz la libertad de injuria, de mentira, de hechos alternativos, de desinformación. Normativa, por cierto, que no deje al margen de la regulación de los derechos y de las obligaciones a las plataformas tecnológicas ni a las redes sociales. Especialmente a estas últimas, a esos limbos donde impunemente se cometen tropelías sin que nadie pague por ellas”.

“Desde el periodismo, desde la política, desde la academia, desde las plataformas tecnológicas, desde las redes sociales o desde la ciudadanía preguntémonos qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para que este preocupante fenómeno de la desinformación no acabe con la democracia». Hasta aquí las autocitas.

La desinformación, como decía antes, no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, la mentira ha sido utilizada como arma política y social. Ha sido la digitalización lo que ha multiplicado su alcance y eficacia. Las redes sociales y las plataformas digitales, con sus algoritmos que priorizan la viralidad sobre la veracidad, se han convertido en potentes amplificadores de bulos y noticias falsas. La desinformación afecta a la democracia en múltiples niveles. Erosiona la confianza en las instituciones, al propagar información falsa sobre el funcionamiento del Estado, los partidos políticos o los medios de comunicación. Debilita el debate público, al polarizar a la sociedad y dificultar la construcción de consensos basados en hechos verificables. Amenaza el derecho a la información veraz, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, al dificultar el acceso a información confiable y plural. Condiciona la toma de decisiones, influyen en la opinión pública y en los procesos electorales.

La inmensa mayoría de los editores de prensa vemos con una enorme preocupación el reciente fenómeno de la desinformación. La credibilidad y la confianza de la ciudadanía son pilares esenciales para el ejercicio de un periodismo responsable y para la supervivencia de la prensa, tan importante en democracia.

Para combatir la desinformación, los medios de comunicación podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo:

– Reforzar los códigos éticos y las buenas prácticas periodísticas. Y aquí les voy a dar dos informaciones. Una: hace un año, CLABE firmó un acuerdo con la FAPE para nuestra adhesión a la Fundación Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. Y dos: en CLABE estamos elaborando un Código Deontológico propio, por mandato de nuestra Junta Directiva.

– Priorizar la verificación de la información y la transparencia en la identificación de las fuentes.

– Adoptar mecanismos de autorregulación rigurosos y que garanticen la calidad y la veracidad de la información difundida.

– Colaborar con las plataformas digitales para identificar y eliminar contenidos falsos o engañosos.

– Promover la alfabetización mediática: educando a la ciudadanía para que pueda identificar la desinformación y valorar las fuentes confiables. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), aprobado por el Parlamento Europeo y de próxima aplicación en España y otros estados miembros -en agosto de 2025-, representa una oportunidad para fortalecer la libertad, la independencia y la pluralidad de los medios de comunicación.

El EMFA propone un conjunto de medidas para promover la transparencia en el sector de los medios de comunicación, con el objetivo de crear un mercado interior de servicios de medios de comunicación que funcione bien y garantizar la independencia y el pluralismo de los servicios de medios de comunicación.

Este reglamento establece medidas que consideramos clave para combatir la desinformación:

1. Transparencia en la propiedad de los medios.

2. Transparencia en la financiación de los medios.

3. Transparencia en la asignación de la publicidad institucional.

4. Transparencia en la medición de audiencias.

5. Transparencia en las grandes plataformas en línea.

En definitiva, el EMFA considera que la transparencia en el sector de los medios de comunicación es crucial para garantizar la confianza de la ciudadanía, la competencia justa y la protección de la independencia editorial.

CLABE también lo considera así. A alguno de esos puntos les ponemos matices, pero en líneas generales, estamos de acuerdo con esos postulados. Creemos también que este es el momento de abrir una reflexión y un debate a fondo sobre los medios públicos para fortalecer su independencia de los poderes políticos de turno, su profesionalización, su papel como garantes de la pluralidad y de la libertad de expresión e información y de fomento del debate público y la participación democrática.

Un aspecto determinante para el buen funcionamiento del sistema de medios es la medición de la audiencia. Reformar el sistema de medición de audiencias en España no es solo una cuestión técnica; es una tarea estratégica para la salud de nuestra democracia. Garantizar que las audiencias reales sean visibles, transparentes y confiables es un paso crucial para fortalecer la independencia de los medios, proteger a la ciudadanía de la manipulación y fomentar un entorno mediático donde prevalezcan la verdad y la pluralidad.

El sistema de medición de audiencias en España enfrenta un desafío importante: adaptarse a la era digital. A pesar de los avances tecnológicos, seguimos dependiendo de métodos tradicionales que no reflejan con precisión la realidad de los hábitos de consumo mediático actuales.

Esta deficiencia tiene implicaciones críticas para los medios de comunicación, la distribución de la inversión publicitaria y, en última instancia, para la credibilidad de los medios de información y la confianza que deposita en nosotros la ciudadanía. Sin una medición precisa, confiable, independiente y verificable, los datos sesgados o incompletos pueden distorsionar la distribución de la inversión publicitaria, favoreciendo a ciertos actores y dejando a otros sin recursos suficientes para sostener su operación.

La falta de información precisa también crea un espacio para la manipulación. Algunos poderes públicos pueden caer en la tentación de aprovechar esta opacidad para utilizar la publicidad institucional como herramienta de control, premiando a los medios afines y castigando a los críticos.

Esto no solo compromete la independencia de los medios, sino que también mina la confianza del público en el ecosistema mediático.

CLABE apoya el EMFA y reconoce su importancia para garantizar la libertad, la pluralidad y la independencia de los medios de comunicación. Nuestra organización ha instado a un debate público abierto y transparente para discutir su implementación en España, con la participación de grupos políticos, el sector de los medios de comunicación y otros actores relevantes como instituciones, anunciantes y plataformas digitales.

Entendemos que la autorregulación debe complementarse con medidas regulatorias que emanen del consenso general, del diálogo transparente y sincero entre todos los agentes del sector, asociaciones empresariales de editores y de profesionales de la información, fuerzas políticas y sindicales y el Gobierno. Y también con programas de alfabetización mediática, educando a la ciudadanía para que pueda identificar la desinformación y valorar las publicaciones confiables. La colaboración con las Universidades y la articulación de programas en las escuelas para que los más jóvenes sepan discernir y manejarse en el nuevo orden mediático e informativo es clave para el futuro de las democracias

Para garantizar que esas medidas resulten efectivas tenemos que consolidar un marco estable, confiable y transparente. A la hora de implementar el Reglamento europeo creemos fundamental la transparencia en la propiedad de los medios de comunicación, la protección de la independencia editorial y las medidas para garantizar el pluralismo.

Respecto a la creación de un registro de medios de comunicación como el que ha propuesto el Gobierno de España en el marco de la EMFA, desde CLABE lo vemos en general como una iniciativa positiva.

Nos parece también razonable que ese registro de medios se pueda radicar en un organismo ya existente como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero sea ese organismo, la CNMC, o sea otro el que finalmente gestione, o sea un organismo de nueva creación, creemos que la administración debe abrir antes un diálogo con el sector para establecer con qué criterios se va a generar ese registro y qué usos se le van a dar.

Hay más reformas regulatorias pendientes. La evolución de los medios de comunicación en las últimas décadas ha transformado profundamente la manera en que la información es producida, distribuida y consumida. La irrupción de las tecnologías digitales y la expansión de internet han supuesto un cambio estructural en el sector. Y ahora, las inteligencias artificiales han desbordado los marcos jurídicos tradicionales planteando nuevos desafíos.

En este contexto, se hace urgente y necesaria una adecuación de la legislación española en materia de medios de comunicación para adaptarse a la nueva realidad digital y garantizar un equilibrio entre la libertad informativa, la protección de derechos fundamentales y la lucha contra la desinformación en la sociedad digital. El respeto a los derechos de propiedad intelectual, la asunción de responsabilidades por parte de los nuevos agentes en la producción y distribución de contenidos e informaciones, el uso de algoritmos para la captación de audiencias… son solo ejemplos de usos cuya regulación se tiene que abordar en el nuevo contexto digital.

La lucha contra la desinformación no se limita a regular los contenidos o a educar en alfabetización mediática. También pasa por garantizar que todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan, tengan acceso a medios de comunicación fiables.

Esto es especialmente importante en las zonas menos pobladas, en la conocida como España vacía, donde el acceso a la información puede ser limitado tanto en el formato físico como en el digital. En las zonas rurales y despobladas, los ciudadanos enfrentan una brecha informativa significativa debido a la falta de infraestructura para distribuir prensa impresa y a una conectividad digital insuficiente. Este aislamiento informativo tiene consecuencias graves y es un factor de riesgo ante las maniobras de desestabilización basadas en la desinformación.

Voy acabando ya. En este marco que he repasado, el reciente anuncio del Gobierno de España de un plan de ayudas de 125 millones de euros para fortalecer y digitalizar los medios de comunicación representa una oportunidad para transformar y modernizar el ecosistema mediático.

Para que esta inversión -que, por cierto, nos parece insuficiente, dados los retos que afronta el sector- alcance su máximo impacto, es imprescindible que el diseño y la distribución de estas ayudas sea equitativo y vaya enfocado a cubrir toda la diversidad del panorama mediático español.

El grueso de estas ayudas no puede concentrarse -como estamos acostumbrados a experimentar cuando se trata de inversiones publicitarias del sector público- en los grandes grupos mediáticos tradicionales, ya que podría generar un efecto contraproducente, al desatender a actores igualmente esenciales para la pluralidad informativa, como los medios emergentes y los locales, así como a las revistas técnicas y sectoriales.

Para garantizar que este plan de ayudas beneficie a todo el ecosistema mediático, proponemos las siguientes medidas:

1. Asignación proporcional y segmentada de las ayudas.

– Establecer categorías específicas para la distribución de las ayudas, destinando porcentajes claros a medios emergentes, locales y sectoriales.

– Definir criterios objetivos que midan no solo la audiencia o el alcance, sino también el impacto social y el valor añadido de cada medio.

2. Fondos específicos para innovación y sostenibilidad.

– Reservar una parte de las ayudas para fomentar la innovación tecnológica en los medios emergentes y locales, así como en las revistas técnicas. Esto incluiría subvenciones para el desarrollo de plataformas digitales, herramientas de análisis de datos y estrategias de monetización.

3. Apoyo a la digitalización de medios pequeños.

– Los medios con recursos limitados necesitan ayuda para digitalizar sus operaciones, no solo la creación de plataformas web sino la implementación de sistemas de suscripción y estrategias de distribución online.

4. Incentivos para colaboración entre medios.

– Promover alianzas entre medios locales, emergentes y grandes grupos para compartir recursos, contenidos y estrategias digitales. Esto fortalecería el ecosistema mediático y fomentaría una mayor cohesión informativa.

5. Auditoría y transparencia en la distribución de los fondos.

– Crear un sistema de auditoría que garantice la transparencia en la distribución de los fondos y asegure que las ayudas lleguen efectivamente a los actores más necesitados y con mayor impacto potencial. Con la participación de todos los agentes del sector y control parlamentario.

Y hasta aquí mi intervención inicial. Quedo a disposición de sus señorías para lo que deseen plantearme. Gracias.