El mundo del libro, los periódicos y las revistas en España sufre una desventaja competitiva frente a sus homólogos europeos. Así lo ha hecho saber CEDRO en la presentación del Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, una iniciativa del sector editorial representado por esta entidad de autores y editores.
En un acto que ha contado con la participación de representantes del mundo editorial, CEDRO ha presentado la situación que vive este sector. La escritora y académica Carme Riera, presidenta de CEDRO, ha presentado el Observatorio y ha explicado que «desde esta iniciativa vamos a tomar el pulso de la situación de la propiedad intelectual de la cultura escrita y lo vamos a comparar con la situación en Europa, muy oportuno ahora que nuestro país tiene la presidencia del Consejo de la Unión» y ha añadido que «el objetivo de CEDRO es hacer llegar propuestas a la Administración y a la sociedad civil para que el nivel de reconocimiento legal, económico y social de nuestros derechos llegue a los niveles de los países vecinos y sirva de referencia, además, a nuestros hermanos de Latinoamérica, con los que compartimos mucho más que un idioma común que hablan 600 millones de personas».
La presidenta de CEDRO ha asegurado que «la evolución tecnológica está llevando a que la reutilización de nuestras obras, a través, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa, sea cada vez más demandada y abre un mundo de posibilidades que, esperemos, nos permita ver en la tecnología un aliado y no un patrón sin ética ni valores ni escrúpulos». Y ha concluido: «Nuestro objetivo es ayudar a hacer sostenible el sector editorial en todas las lenguas de nuestro país».
El director general de CEDRO, Jorge Corrales, quien también ha participado en este acto, ha descrito el escenario de desventaja en el que trabaja la industria editorial: «Somos un sector fundamental para el progreso y la salud democrática de nuestra sociedad. Sin embargo, los usuarios, tanto del sector público como del privado, no están remunerando adecuadamente a los autores y editores por la reutilización de sus contenidos, lo que está generando una desventaja competitiva grave, a la que hay que sumar los efectos de la creciente piratería de las obras escritas, especialmente con los servicios de mensajería, como WhatsApp, que se ha convertido en el principal canal de acceso ilegal a obras. Ambos hechos están comprometiendo la sostenibilidad del sector editorial».
Corrales ha informado de que este Observatorio se ha elaborado a partir de los informes Análisis comparativo de la situación de los derechos de autor por usos secundarios de los contenidos editoriales en Europa, dirigido por el profesor Julio Cerviño, del Departamento de Economía de la Empresa, de la Universidad Carlos III, y Piratería en línea de contenidos editoriales en español, dirigido por Héctor Jiménez, director ejecutivo de Qbo Investigación y Estrategia, quienes también han participado en el acto.
El profesor Julio Cerviño ha declarado que los titulares del sector editorial español facilitan la reutilización de sus obras (fotocopia, digitalización, comunicación pública, distribución, reproducción, compartición, etc.), ofreciendo un precio asequible para su uso.
Cerviño ha subrayado el hecho de que «existe una baja concienciación sobre la necesidad de remunerar a los autores y editores de la cultura escrita por la reutilización de contenidos» y ha añadido: «La remuneración obtenida por el sector editorial en otros países europeos es tres veces mayor a la de los españoles. La remuneración per cápita media por la reutilización de contenidos del sector editorial es de 1,52 €/año, mientras que en España es de 0,48 €/año».
En este sentido, ha concluido que «es fundamental contar con el compromiso del sector público, por el papel de liderazgo que desempeña a la hora de implementar buenas prácticas y por su responsabilidad en el desarrollo económico y del sector cultural» y que tal y como se determina en el estudio, «el promedio de recaudación proveniente del sector público de las entidades homólogas es del 55,82 % del total de la recaudación, cifra que está muy lejos del 7,54 % de la situación española».
El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid ha detallado el impacto que tendría un aumento de la recaudación en el conjunto de la economía en el caso de que el sector público remunerase la totalidad de los contenidos editoriales que reutiliza. Esto tendría un efecto positivo en el sector editorial: aumento de los recursos económicos para el sector, aumento de los recursos para otros sectores (proveedores) y el aumento de recursos para la creación de puestos de trabajo, del consumo, etc., que se reintroducen en la economía, así como un retorno fiscal de más de 20 millones de euros para las arcas públicas.
Héctor Jiménez, de Qbo, ha expuesto que el desarrollo tecnológico ha supuesto un incremento de la piratería de contenidos editoriales, que no ha parado de crecer desde el año 2017. El 27,5 % de los accesos a páginas web ilícitas son de contenido editorial. De hecho, solo en el año 2022, «el porcentaje de accesos a páginas webs ilícitas de contenido editorial aumentó en un 59,14 %», según confirma su informe. Además, otro de los datos que ha destacado es que los internautas hispanohablantes acceden un 15 % más a páginas ilícitas de contenidos editoriales que el resto de los usuarios de otros países.
Jiménez ha expuesto que el robo de contenidos editoriales está motivado por un factor cultural y que no está condicionado por razones económicas, ya que los países con mayor índice de desarrollo cultural registran mayor robo de contenidos editoriales. Los factores de comportamiento que explican esto, según Jiménez, son que los usuarios no saben identificar que los contenidos que están adquiriendo son ilícitos y, por otro lado, que se produce una disonancia cognitiva, puesto que los usuarios saben que el robo de contenidos está mal, pero lo hacen por una cuestión práctica.
Como se desprende del informe de Qbo, el robo de contenidos editoriales tiene implicaciones para la sostenibilidad de esta industria, en base a los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), teniendo un impacto en la huella de carbono, en el retroceso social que supone un paso atrás en derechos en la cultura escrita —el derecho de autor es derecho fundamental— y comprometiendo la seguridad jurídica de aquellas empresas o entidades que no cuenten con la autorización necesaria para reutilizar contenidos editoriales de forma legal.
El escritor Manuel Vilas y la consejera delegada de Grupo Anaya, Marta Martínez, han sido los encargados de leer las propuestas que CEDRO hará llegar a la Administración. Ante el reto de asegurar la supervivencia de este sector, el mundo editorial propone distintas iniciativas para revertir esta situación. Así, los autores y editores de libros, periódicos y revistas hacen un llamamiento al sector privado y público para que se comprometan a remunerar, según lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual, a los titulares de derechos por la reutilización de sus obras y luchar contra el robo digital de contenidos:
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