«El sector editorial como garante de la salud democrática», un artículo de Juan Zafra en la revista IPMARK

La pandemia COVID-19 ha golpeado duro a la humanidad; ha abierto una crisis sanitaria global y ha confirmado los peores augurios sobre la evolución de la economía. A la hora de escribir estas líneas, unos 4.000 millones de personas están confinadas en sus casas para evitar que el coronavirus siga extendiendo la enfermedad y la muerte. El mundo entero confía en la vacuna que acabe con la excepcionalidad del momento y podamos empezar de nuevo a construir nuestro futuro.

La buena información es la mejor herramienta para la toma de decisiones y es por eso por lo que los “trabajadores de servicios y puntos de venta de prensa, medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución” han sido considerados “esenciales” durante el estado de alarma declarado en España para combatir la pandemia.

El carácter esencial del sector de la comunicación -en su sentido más amplio, desde las agencias de noticias a las agencias creativas o las publicaciones periódicas- y su relevancia se evidencia en dos aspectos: las audiencias récord conseguidas y la continua apelación de los representantes del Gobierno a las ruedas de prensa para trasladar a la ciudadanía decisiones de enorme calado a través de medios profesionales, de confianza y con credibilidad ante la avalancha de desinformaciones malintencionadas o sencillamente mal informadas distribuidas por canales no profesionales.

Sin embargo, mientras los productos y servicios de información y de entretenimiento son más demandados que nunca y más necesarios para el eficaz funcionamiento de la sociedad democrática, los ingresos del sector se han desplomado. Todos los capítulos se han visto afectados: la venta de ejemplares, como consecuencia del confinamiento de la población; la publicidad por la falta súbita de mercado de muchos anunciantes; los eventos y relaciones públicas, por el cese de actividades.

Las consecuencias del cambio de hábitos son impredecibles. El sector, muy atomizado y con muchas pymes que tienen una tesorería débil y graves dificultades de financiación incluso cuando el mercado funciona con normalidad, puede verse arrasado. Las consecuencias para la salud democrática serán devastadoras porque el espacio que ahora ocupan profesionales lo tomarán los productores de falsas noticias, los extorsionadores y los manipuladores.

Soluciones específicas de urgencia

Por eso, aunque el Gobierno de España ha aprobado algunas medidas que alivian el impacto de la crisis -suspensión de cotizaciones a la Seguridad Social, aplazamiento de impuestos, aplicación del IVA digital del 4% y flexibilización de los ERTE- es necesario que se apliquen soluciones específicas de urgencia para el sector y, lo más importante, otras de carácter estratégico que proporcionen estabilidad y ayuden a la sostenibilidad de los medios de comunicación.

Entre las primeras están el abono urgente de los pagos que deban las Administraciones Públicas a los editores; lanzar un plan especial de publicidad y comunicación institucional por la pandemia a través de todos los medios, incluidos los pequeños y medianos editores, y mantener el compromiso de inversión en publicidad del conjunto de la Administración del Estado en los medios de comunicación; e incentivar la compra de espacios publicitarios en medios de comunicación, en su conjunto, con una desgravación fiscal para las inversiones privadas. Es necesario que el Gobierno apoye la reconversión del sector editorial a la nueva realidad con medidas que se pueden articular a través del plan que hemos presentado la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Asociación Revistas de Información (ARI), Asociación de Prensa Profesional y Contenidos Multimedia (Coneqtia) y Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE). Estas cuatro asociaciones representan a 260 grupos editoriales que editan unas 1.500 cabeceras.

Entre las medidas de ese plan se recoge un Plan Nacional de Fomento de la Lectura de Prensa Impresa y Digital -que incluya, la compra de ejemplares para su reparto entre colectivos masivos como colegios, institutos, universidades, hospitales, residencias de mayores, cuarteles y todo tipo de oficinas y dependencias públicas-; la integración del envío de publicaciones periódicas impresas en el Servicio Postal Universal, planes de formación para los profesionales del sector y la creación de un Instituto para la Innovación Periodística, que trabaje con el Gobierno en aspectos que contribuyan a enriquecer la información al alcance de la ciudadanía como la transparencia y adjudicación de las campañas públicas de publicidad y comunicación, la elaboración de un Libro Blanco del sector o el diseño de campañas específicas en materias estratégicas como la lucha contra la desinformación o el desarrollo de un tejido editorial local, tanto desde la perspectiva geográfica como de las comunidades profesionales a las que mantienen verazmente informadas las publicaciones periódicas.

La prensa y las publicaciones periódicas no son un sector económico más. Son un elemento clave en el buen funcionamiento de la sociedad. Son los garantes del derecho constitucional de todos los ciudadanos a la información y a la libertad de expresión. Sin unos medios de comunicación social diversos y plurales, el conjunto de la sociedad española será mucho más pobre.

JUAN ZAFRA
SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EDITORIALES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS (AEEPP)

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