Esta reforma, que incluye los polémicos artículos 11 y 13, se trata de una actualización del fallido «Canon AEDE» español, que supuso el cierre de Google News en España y el rechazo de millones de internautas.
Con 318 votos en contra, 278, a favor y 31 abstenciones, es la primera vez que el Parlamento Europeo vota en contra de un mandato procedente de un Comité.
Hace una semana, el Comité de Asuntos Jurídicos (JURI) pre-aprobó esta directiva, permitiendo que los eurodiputados decidiesen, si esta iniciativa pasa al Consejo Europeo, donde se decidirá su aprobación, o vuelve al JURI, donde se tendrá que elaborar un nuevo borrador.
Multitud de organizaciones, entre ellas Wikipedia, que ha protestado cerrando su páginas, están en contra de esta nueva reforma porque consideran que «es una amenaza para Internet, tal y como lo conocemos». Más de 150 organizaciones enviaron una carta a cada uno de los miembros del Parlamento Europeo, en la que les pidieron que rechazaran el mandato negociador, que avala la propuesta de aprobar los polémicos artículos 11 (impuesto al enlace) y 13 (obligación de filtrar los contenidos subidos a la red).
La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) y European Innovative Media Publishers, la coalición europea de editores innovadores de la que forman parte la AEEPP y otras 8 importantes asociaciones europeas del sector, se han sumado a la iniciativa, firmando esta carta. La AEEPP, previamente, envió una carta a los eurodiputados españoles en la que expresaban su rechazo a la imposición de cánones obligatorios sobre sus contenidos, ya que «suponen un daño para los editores de noticias».
¿En qué consisten los artículos 11 y 13?
El artículo 11, también conocido como «impuesto al enlance», dice que «se tendrá que enlazar a un sitio web de noticias de una manera que satisfaga las limitaciones y excepciones de las leyes de los 28 países que forman la UE, o se tendrá que obtener una licencia», es decir, habría que pagar cada vez que se publicara un link en internet.
Por otro lado, el artículo 13, convierte a los proveedores de contenido en una especie de «policía del copyright», obligados a tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los derechos de autor de todo el material que se suba a su servidor. Es decir, Twitter o Wikipedia, además de foros o blogs, tendrán que vigilar y filtrar lo que suben sus usuarios para controlar que cumplen los derechos de autor.
