El PAR reclama que Correos atienda al medio rural sin discriminación y desarrolle el servicio postal universal

El Partido Aragonés, a través de su senadora Rosa Santos, ha reivindicado la importancia del servicio público de Correos para el medio rural y ha reclamado que las comunicaciones postales atiendan a las zonas despobladas sin discriminación. Santos reacciona así a la respuesta del Gobierno en la que se justifica el incremento de precios de la distribución de prensa periódica sólo para pequeñas poblaciones. La senadora ha planteado la aprobación del previsto y pendiente Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y pide compromiso real y sensibilidad contra la despoblación. Madrid, 16 de mayo de 2018.- Rosa Santos, senadora del Partido Aragonés, ha reafirmado la reivindicación del PAR para que Correos desarrolle su tarea en el medio rural sin discriminación ni recortes, ya que se trata de un servicio público muy necesario para los vecinos de las pequeñas localidades, por las características de esas zonas. Para Santos, “la lucha contra la despoblación debe empezar por garantizar la igualdad de los servicios que se prestan a los ciudadanos cualquiera que sea su lugar de residencia, un principio básico y fundamental garantizado por la Constitución, que en este caso concierne directamente al Gobierno no sólo por tratarse Correos de una empresa perteneciente íntegramente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y adjudicataria del Servicio Postal Universal sino por ser, tanto él como el propio Ministerio de Fomento, Autoridad Nacional de Reglamentación del servicio postal”.

Como ya denunció el Partido Aragonés en el Senado, Correos decidió, en enero de 2018, discriminar las tarifas destinadas al envío de periódicos y publicaciones gravando un promedio del 30% los precios del envío de prensa a poblaciones de menos de 50.000 habitantes y a aquellas otras que, o bien no son capitales de provincia, o bien carecen de oficina de correos, a las que denomina Zonas B. El PAR advertía del riesgo de que dichos incrementos de precios influyeran en la distribución de prensa en las zonas más despobladas y denunciaba el perjuicio que podían sufrir sus habitantes al ver limitado su derecho de acceso a la información especialmente grave teniendo en cuenta que dichas zonas coinciden con “la España rural más despoblada, la misma que está teniendo un acceso más lento y precario a internet, y donde, consecuentemente, los ciudadanos carecen de alternativas para acceder a estos recursos informativos y de comunicación” en palabras de Rosa Santos.

La senadora impulsó iniciativas parlamentarias incidiendo en “las claras obligaciones de Correos” y en la defensa de “los principios de equidad y no discriminación” del medio rural y como una medida efectiva contra la despoblación, “un problema especialmente acuciante en Aragón”. En respuesta a estas iniciativas, que también se han traducido en mociones en Ayuntamientos y Diputaciones, el Gobierno reconoce ahora que la distribución de publicaciones periódicas no se incluye entre los servicios postales sujetos a obligaciones de servicio público, de manera que no le son de aplicación los principios de equidad y no discriminación ni las condiciones de distribución de dicho tipo de envíos y la prestación de estos servicios debe realizarse en régimen de libre competencia y con precios basados en criterios de mercado.

El Partido Aragonés ha mostrado su perplejidad ante esta respuesta del Gobierno, más que discutible desde el punto de vista jurídico, ya que el artículo 21.2 de la Ley de 2010, del Servicio Postal universal y de los derechos de los usuarios y del mercado postal, sí contempla el envío de prensa y publicaciones periódicas dentro del ámbito del servicio postal universal. En todo caso, ha dicho Santos, “por afectar a un derecho tan básico como el derecho a la información de los habitantes de las zonas menos pobladas no debería discutirse su inclusión entre las obligaciones de servicio público, que en el cumplimiento de sus funciones de interés general y social a que se refiere la Ley, contribuye a la cohesión social y territorial y al logro de los objetivos de equidad”. Para el cumplimiento de estos objetivos a cuenta del Servicio Postal Universal, Correos ha venido recibiendo asignaciones de los PGE, que el Tribunal de Cuentas –en su último informe de 21 de diciembre de 2017- ha cifrado en 920 millones de euros entre 2011 y 2016.

Por todo ello, explica la senadora del PAR, “entendemos que son imprescindibles sensibilidad y compromiso” hacia el medio rural y contra la despoblación, “que se concreten, junto con otras medidas, en el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, previsto en el artículo 22.3 de la vigente Ley y pendiente de aprobación desde 2011. Este Plan debe incluir las condiciones de prestación del servicio particularmente en zonas en las que existe muy baja densidad de población, el procedimiento para la evaluación del coste del citado servicio y su forma de financiación y los criterios que habrán de tenerse en cuenta para determinar la contribución a ella del Estado, en línea con las conclusiones del último informe sobre Correos emitido por el Tribunal de Cuentas. Sin duda dicho Plan, contribuiría al cumplimiento de los principios de transparencia, equidad y no discriminación”.