El director general de la AEEPP, Carlos Astiz, explica en un artículo publicado en European Innovative Media Publishers las consecuencias de esta polémica normativa que prepara la Comisión Europea.
La reforma de los derechos de autor sobre la que está trabajando la Unión Europea tiene varios artículos que pueden ser preocupantes para los editores de medios.
El director general de la AEEPP, Carlos Astiz, reflexiona sobre esta legislación, en un artículo publicado en European Innovative Media Publishers, la plataforma europea de asociaciones de editores de medios y empresas, de la que la AEEPP forma parte.
Astiz explica que no solo es preocupante el artículo 11 de esta propuesta de reforma del copyright, con el que se crea un nuevo derecho editorial. También el artículo 13 puede ser potencialmente aún más dañino.
En este artículo 13 se establece que los «intermediarios» online sean directamente responsables de cualquier contenido que aparezcan en sus webs. Además se les exige «filtros» automáticos para evitar que en sus medios aparezcan esos contenidos que puedan estar protegidos por derechos de autor.
En este contexto, un «usuario» es cualquier persona que sube contenido, desde un individuo que publica un comentario, hasta un periodista que comparte una foto o una fuente que publica un video. Y los «intermediarios» son todos los servicios online que permiten a las personas subir contenido y compartirlo en línea, desde blogs a redes sociales como Facebook, páginas colaborativas como Wikipedia, o cualquier web o aplicación.
Este artículo 13 pone en peligro la libertad de expresión y dificulta el trabajo de periodistas y editores que confian en las fuentes que encuentran en Internet para descubrir, explorar y verificar información. Nos dejará con menos opciones, menos fuentes y mayores barreras de entrada para las pequeñas empresas.
Como editores, algunos de nuestros servicios nos convierten en «intermediarios» en el sentido técnico. Cuando permitimos que las personas publiquen comentarios, materiales o incluso historias, estamos obligados a cumplir con las nuevas reglas, con lo que habría que asegurarse de que todo lo que se publique ya tenga una licencia del 100%. Y además habría que de implementar filtros para evitar publicar contenidos ilegales. Eso ya es un obstáculo significativo en algunos de nuestros negocios.
Peor aún, según una nueva versión del texto propuesta por la Presidencia estonia (y también en una propuesta conjunta de Francia, España y Portugal) si nuestra web de noticias o aplicación muestra vídeos incrustados de, por ejemplo, Youtube o Dailymotion, los editores tendríamos que tener licencias adicionales de los titulares de derechos y las sociedades de gestión colectiva. Aunque las plataformas de vídeo ya tienen acuerdos con los titulares de los derechos, nosotros, como usuarios «profesionales», quedaríamos excluidos de esa licencia y tendríamos que tener otra independiente.
En definitiva tanto el artículo 11 y el artículo 13 son inútiles para los editores innovadores, pequeños o digitales. Ambos sirven a los intereses de los grandes operadores tradicionales para frenar el flujo de nuevos editores innovadores.
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