La publicidad institucional se regula en España por una ley de 2005 que, según la asociación más numerosa de editores de prensa, AEEPP, es incumplida de modo sistemático por ministerios, consejerías o ayuntamientos, gobernados por diferentes partidos.
Una campaña sobre violencia de género realizada en 2012 por el Ministerio de Sanidad destapó la semana pasada graves irregularidades en la gestión de la publicidad institucional. En la campaña, el Ministerio que dirige Ana Mato invirtió las mayores cantidades en diarios de pequeña audiencia, como La Razón y La Gaceta, y discriminó a los diarios más leídos de España, 20minutos y El País.
AEEPP, a la que pertenecen un centenar de editores, la mayoría pequeños y medianos, ha denunciado reiteradas veces que los grandes grupos de comunicación acaparan la inmensa mayor parte de la inversión de muchos organismos públicos, en detrimento del resto del sector. Presidida por Arsenio Escolar, director de 20minutos, AEEPP ha denunciado estas prácticas ante el actual Gobierno de Rajoy y ante el anterior de Zapatero. En febrero pasado, la asociación se quejó oficialmente a la presidenta de la Comisión Nacional de Publicidad Institucional –la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría–; creó un Observatorio para denunciar los casos más flagrantes y propuso a todos los grupos parlamentarios que la publicidad institucional se incluyera en la Ley de Transparencia.
Hoy el Congreso debatirá esa propuesta, tras presentar el PSOE una enmienda que recoge la iniciativa de los editores. La ley que regula la publicidad institucional establece que «las campañas han de servir a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quienes las promueven» y dispone que la planificación en los distintos medios ha de hacerse conforme a criterios objetivos de tiradas, audiencias, población a la que se quiere llegar, etc. «Las irregularidades en la gestión de la publicidad institucional son muy graves –afirma Escolar–, pues suponen un menoscabo de derechos ciudadanos y un mal uso de los recursos públicos, así como una práctica de competencia desleal, al descartar o infraplanificar en las campañas a unos medios y beneficiar a otros competidores directos».
Los detalles de la campaña de Sanidad que ha acentuado la polémica se conocieron la semana pasada, tras una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Ángeles Álvarez a Sanidad. En su respuesta oficial, el Ministerio revela que no se hizo la planificación conforme a los criterios objetivos de audiencias y tiradas que pide la ley. Grupo 20minutos, uno de los más perjudicados por Sanidad, pues infrapondera al diario 20minutos –el más leído de España cuando se hizo la campaña– y excluye a 20minutos.es –el tercer sitio on line más seguido–, ha enviado una carta solicitando explicaciones a la ministra Mato.
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