Carnicer solicita al Gobierno una interlocución real para el desarrollo de la ley de Servicios Profesionales

Ante la aprobación en el Consejo de Ministros del 13 de julio del Programa Nacional de Reformas previsto para el segundo semestre del 2012, entre las que se incluye la tramitación del proyecto de Ley de liberalización de servicios profesionales, Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, reitera la necesidad de contar con el sector colegial a la hora de desarrollar, según anunciaron a partir de septiembre, el citado proyecto de ley que pretende delimitar la colegiación para determinadas profesiones.

Desde Unión Profesional, asociación que agrupa a las profesiones colegiadas en España, se propugna una regulación equilibrada dadas las consecuencias que una liberalización excesiva podría conllevar sobre los derechos de la ciudadanía. En este sentido, la asociación promueve una interlocución real y un diálogo constructivo mediante el establecimiento de un trabajo conjunto entre el Gobierno y el colectivo profesional para poder desarrollar la mencionada ley de servicios profesionales con unas garantías mínimas para los usuarios de los servicios profesionales. Según afirma Carnicer, «cuando están en juego los derechos de la ciudadanía en cuanto a la recepción de unos servicios profesionales de calidad, considero que hay que desarrollar una regulación equilibrada donde queden protegidos esos derechos, especialmente, de cara a los colectivos más vulnerables».

Conscientes del impacto que las actividades profesionales pueden tener sobre la salud y la seguridad de las personas, los consejos generales y superiores y colegios profesionales reunidos en Unión Profesional instan al Gobierno a mantener el requisito de colegiación para todas las profesiones dotadas de colegio por norma estatal, lo que no significa que no se reformen aquellos aspectos susceptibles de mejora de cara a una mayor eficiencia y crecimiento de la economía y el empleo.

El presidente de UP quiere dejar claro que «el hecho de que un profesional deba incorporarse a un colegio profesional para poder ejercer una determinada profesión, es un deber previsto en la propia Constitución y que tiene que ver con el impacto que su actividad profesional puede tener sobre la salud, el bienestar y la seguridad de las personas». Si queremos garantizar el correcto ejercicio por parte de todos los profesionales, continúa diciendo Carnicer, «se debe seguir contando con ese control que realizan los colegios profesionales a través del establecimiento de los códigos deontológicos que deben regir el ejercicio de la profesión y ser exigibles en todos sus ámbitos».