Consejo Editorial del Grupo Senda

Grupo Senda organizó, el pasado viernes, un nuevo Consejo Editorial con la participación de la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez. El futuro Libro Blanco del Envejecimiento Activo y el desarrollo de la Ley de Dependencia fueron los ejes centrales de su discurso, en el que destacó la importancia de las empresas que se dedican al cuidado de las personas en situación de dependencia, a quienes tendió la mano para hacer una valoración “rigurosa” de la aplicación de la Ley, con el fin de orientar las políticas públicas y la iniciativa privada de los próximos años.

Los profesionales del sector y representantes de asociaciones y universidades de mayores presentes en la reunión, recogieron el guante y acordaron trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fomentar el envejecimiento activo. Al encuentro asistieron también la directora general del Imserso, Purificación Causapié, y el subdirector general de Planificación, Ordenación y Evaluación, Antonio Balbontín.

Encuentros como el Consejo Editorial del Grupo Senda permiten reunir en un mismo foro a los máximos empresarios del sector de atención a la dependencia y también a los representantes del movimiento asociativo y de las universidades de mayores. La directora del Grupo Senda, Matilde Pelegrí, afirmó que el reto para 2011 es seguir siendo no solo una fuente de información, sino un punto de encuentro para los profesionales.

Este año, además de mantener las jornadas Un lugar para vivir, “continuaremos colaborando en distintos congresos y encuentros y organizaremos los Foros Senda que, en su primera edición, contarán con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que analizará la reforma de las pensiones. Asimismo, entraremos en los medios de comunicación audiovisuales, con proyectos en radio y televisión”, aseguró Pelegrí. Por último, la directora del Grupo recordó que, en junio de 2011, tendrá lugar la segunda edición de los Premios Senda.

La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, inició su intervención destacando la importancia de las empresas que se dedican al cuidado de las personas mayores y atención a la dependencia, “un sector que es clave en la política de servicios sociales y en la gestión de los recursos”. En este sentido, Martínez se mostró optimista: “Tenemos una planificación bastante clara de cuál es el horizonte para salir de esta crisis. Y, concretamente, quiero aprovechar esta reunión para analizar las posibles incertidumbres que en el sector pueda haber, porque si hay un colectivo social por el que nos preocupamos especialmente es el de los mayores”.

Respecto a la planificación del Gobierno para este año, la secretaria general destacó que los recortes en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad no han afectado al capítulo de las políticas públicas. Asimismo, añadió que “el presupuesto destinado a la Ley de Dependencia tiene la previsión de cumplir todos los compromisos que implica la entrada en vigor del Grado I Nivel 2 de dependencia moderada. Esto responde no solo a la voluntad del Gobierno de seguir poniendo la política social en el centro de la agenda política, sino también de entender que en nuestro modelo de crecimiento la política social es uno de los pilares clave de creación de empleo y de salida de la crisis”.

“Podríamos haber optado por paralizar la norma en el Grado II y dejar el Grado I de dependencia moderada para el siguiente ejercicio, pero comunidades autónomas y Gobierno decidimos por unanimidad que teníamos que seguir desarrollando la Ley en los términos y en los plazos en los que estaba previsto el desarrollo de los grados y niveles”, afirmó Martínez. Desde enero han sido valoradas alrededor de 150.000 personas dependientes con Grado I Nivel 2, que irán incorporándose progresivamente al Sistema de Dependencia.

En opinión de la secretaria general de Política Social, “es una Ley a la que le estamos exigiendo mucho en poco tiempo, más de lo que le exigimos al Sistema Nacional de Salud o a otros modelos que llevan más de 20 años. No podemos pretender que en cuatro años esté ya funcionando al 100%. Todavía quedan personas sin atender y que tienen derecho, pero también 680.000 dependientes tienen hoy reconocida una prestación o servicio. Creo que esta Ley ha tenido la “mala suerte” de nacer en un momento óptimo de previsión presupuestaría, pero que ha empezado el desarrollo más importante en plena crisis económica”.

Según los datos facilitados por el Ministerio, el Sistema está atendiendo ya a más del 70% de las personas que tienen derecho reconocido, “aunque evidentemente tenemos que llegar al 100% en el menor tiempo posible. Pero, para ello, todos tenemos que hacer un esfuerzo. La mirada hacia esta Ley no tiene que estar puesta en el impacto económico que supone en los presupuestos públicos, sino en la oportunidad que significa para esa reorientación de nuestro modelo productivo y esa necesidad de creación de empleo. Más allá de que, evidentemente, hay que invertir más recursos”.

Asimismo, anunció que una de las prioridades en la nueva agenda social reactivadora del Gobierno de cara al último tramo de la legislatura es “dejar la Ley de Dependencia todo lo más fortalecida que podamos y eso significa abordar una evaluación que tenemos que hacer entre todos, Administración Pública y empresarios. De esta forma, durante este año tenemos previsto mantener diferentes encuentros y foros formales e informales de debate para hacer una valoración rigurosa de la Ley, que nos sirva para mejorar el sistema y el modelo de cara a los próximos años”.

La secretaria general de Política Social también transmitió a los asistentes que “queremos intensificar el debate del Libro Blanco del Envejecimiento Activo. Para ello, y de cara al Año europeo del Envejecimiento Activo, en 2012, el Imserso ha planificado una serie de jornadas técnicas sobre diferentes aspectos de la vida de los mayores. Además, estamos organizando un congreso, con el fin de lanzar algunas propuestas concretas que nos sirvan para orientar las políticas públicas dirigidas a mayores y la iniciativa privada. Las demandas de hoy no tienen nada que ver con las de hace ocho años. En la actualidad, los mayores quieren decidir su propio autocuidado”.